20 Octubre 2011
Andrés Mejía Vergnaud
Pero es inevitable que la alegría dé paso a una preocupación: ha sido liberada esta niña, y se ha puesto así fin a su inhumano cautiverio; pero empieza a cundir en Colombia el miedo de que el secuestro haya regresado al panorama de nuestra vida cotidiana, del mismo modo y en las mismas circunstancias en que tal cosa ocurría antes de 2002. Me explico: secuestros lamentablemente han ocurrido, ocurren y seguirán ocurriendo en Colombia.
Lo que estamos empezando a temer es el reavivamiento de aquel esquema en el cual, en primer lugar, el secuestro era una ocurrencia común; y en segundo lugar, las autoridades lucían impotentes ante los secuestradores: impotentes ante los casos individuales de secuestro, pero sobre todo impotentes ante las organizaciones que lo practicaban como recurso ordinario.
No tengo con esto ninguna intención de hacer pronunciamientos políticos. Me remito únicamente a las realidades: la actitud del Estado ante el secuestro cambió de modo drástico en agosto del año 2002. Antes de esa fecha, el Estado colombiano era un espectador incapaz, que veía cómo sus ciudadanos eran secuestrados, individualmente y en grupos, incluso a plena luz del día, en aviones, en iglesias, y en grandes ciudades. Huérfanas de liderazgo, las autoridades militares y de policía no lograban detener este horror, por cuanto tal cosa implicaba no sólo el éxito en operaciones individuales de rescate, sino una decisión clara y bien ejecutada de parte de las altas autoridades políticas.
No sólo se omitió la toma de dicha decisión: esas altas autoridades, por el contrario, fueron permitiendo que nos deslizáramos hacia un esquema en el cual la sociedad casi debía mendigar la libertad de los secuestrados, y para hacerlo debía en cierto modo dar validez y legitimidad a los captores, y al hecho de la cautividad misma. Así, a la maquinaria del secuestro se le aceitaba y se le ponía todo el combustible necesario. Aberraciones las hubo, como aquella ridícula reunión en Alemania entre “representantes de la sociedad civil” --autoelegidos como tales-- y comandantes del ELN, en la cual se firmó un acuerdo que proscribía el secuestro de ancianos y menores, y cuyo mensaje implícito era que el secuestro de jóvenes y adultos estaba perfectamente bien.
O la miseria de un Estado cuyos representantes, en el Caguán, observaban impotentes a los guerrilleros promulgar “leyes” para regularizar el secuestro.
Es claro que todavía estamos muy lejos de esas circunstancias, y es casi seguro que algunas de ellas jamás volverán. La raíz del temor que empiezo a observar es que, para muchas personas, han regresado las actitudes que en el pasado nos llevaron a esas situaciones. Y esa percepción, aun cuando naturalmente exagerada por un justo miedo, no es para nada injusta: en el gobierno parecerían faltar la decisión, la claridad y el liderazgo que se requieren para combatir amenazas como el secuestro.
El crimen de Nhora Valentina ocurrió dentro de un contexto en el cual ya casi a diario recibimos noticias de emboscadas, de ataques, de hostigamientos a poblaciones, es decir, de una actividad guerrillera vigorizada, frente a la cual el Primer Mandatario se ve indiferente y distante, ocupado de otras prioridades, algunas de las cuales (como el posible inicio de negociaciones de paz), parecen más bien totalmente contrarias a las realidades. Porque no ha de llamarse a engaños el Presidente: si iniciase hoy diálogos de paz, encontraría a una guerrilla llena de espíritu triunfal, convencida de que la ofensiva militar en su contra fue un asunto pasajero.
Andrés Mejía Vergnaud es consultor político. Es autor de “Maestros de la Democracia Moderna” (Legis, 2003), y del libro “El destino trágico de Venezuela: Con o sin Chávez” (Tierra firme, 2009).
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