Operación Camaleón: O libertad, o apaciguamiento

16 Junio 2010

Editorial 

La Operación Camaleón, que arrebató de las manos de los terroristas de las FARC al general Mendieta, los coroneles Murillo y Donato y el sargento Delgado, y los devolvió a la libertad, es el mayor éxito que las Fuerzas Militares han obtenido en el último año. Con el precedente de las contundentes operaciones Fénix y Jaque, en 2.008, ésta no podía sino superarlas en perfección, estrategia, perseverancia y cálculo, atributos que deben acompañar la acción militar desde su concepción y planeación, hasta el momento de su ejecución. La precisión con que el Ejército logró este espectacular rescate, no es gratuita ni podría ser efecto de la improvisación. Fueron seis meses de una ardua labor de inteligencia militar y de conformación del mejor equipo, entrenado para enfrentar las adversas condiciones de las selvas del sur del país, que, desde luego, comportan por sí mismas un desafío a la capacidad de supervivencia de cualquier individuo. 

No es una casualidad que las tropas desplegadas en esa zona del Guaviare, hayan requerido de semanas para llegar al campamento del Frente Séptimo de las FARC, en donde se encontraban los militares y policías secuestrados. Para muchos escépticos, pero también para otros que, en medio de su ignorancia, sospechan dolosamente de la veracidad de la Operación Camaleón, se trató de un montaje organizado por el presidente de la República, con el claro propósito de influir en el resultado de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que se celebrarán el próximo domingo. Por supuesto, la duda razonable es siempre legítima en una democracia, hay lugar para la discusión de los hechos. Pero las críticas y descalificaciones a este impecable operativo de rescate, no son de ninguna manera constructivas y van siempre orientadas al descrédito y desmoralización de quienes trabajan para garantizar nuestra vida y libertades, y para evitar, enfrentar o neutralizar toda amenaza a la seguridad interna y externa del Estado. 

Podemos estar seguros de que los trescientos efectivos que participaron en el rescate del general Mendieta y sus compañeros de humillante cautiverio, sienten un gran orgullo por su gesta heroica y no se han planteado, ni por asomo, avergonzarse o acomplejarse ante los ataques que lanzan en su contra los irascibles antimilitaristas de toda ocasión. Los primeros viven a diario la realidad de la guerra y luchan incansablemente por ofrecernos una vida mejor, más segura y menos expuesta al azaroso estado de naturaleza hobbesiano. Los segundos, desde sus cómodas poltronas de rebeldes sin causa, se resisten a comprender que su eterno y pleno goce sólo ha sido posible por el sacrificio de nuestros soldados y policías. 

En el pasado, la aparición de bandas criminales como las FARC, el ELN, el M-19 o las AUC, fue posible gracias al equívoco de no asignar a las Fuerzas Militares su lugar como soporte fundamental del Estado y de la sociedad organizada. La ausencia de autoridad y la incapacidad recurrente de gobiernos anteriores para defender a sus ciudadanos, se convirtieron en detonantes del colapso que Colombia estuvo a punto de sufrir hace menos de un decenio. En el presente, nuestra sociedad ha vuelto a ser viable por el replanteamiento de la principal razón de ser del Estado: Proteger y garantizar la vida, honra y bienes de sus ciudadanos, a partir de sólidas instituciones civiles y del monopolio de la fuerza en manos de las Fuerzas Militares. Durante los últimos años, el progreso económico, el fortalecimiento del Estado de Derecho y las instituciones de la democracia liberal, así como la inserción del país en el ritmo de la globalización, se han debido en gran parte a la profundización de las estrategias militares, policiales y de los órganos de seguridad del Estado, en la lucha contra las organizaciones criminales y los grupos de presión que han actuado como plataforma ideológica de las FARC, el ELN, los grupos de autodefensas transformados, y las bandas de narcotraficantes en todas las ciudades del país. 

Los países que todos admiramos como paradigmas de estabilidad, orden, riqueza y libertad, no han renunciado ni un segundo al mantenimiento de su seguridad y poseen ejércitos modernos y sofisticados, preparados para conservar la integridad territorial, las instituciones jurídico políticas vitales y la vida de sus habitantes; así como para responder a los nuevos retos a la seguridad. Ninguno de ellos entra en la vana consideración de si se debe optar por el infructuoso diálogo con organizaciones criminales, cuando éstas intentan extorsionar al Estado con sus irrealizables pretensiones. 

En esa misma dirección deben seguir el gobierno actual y los venideros, para continuar construyendo la autoridad, la legitimidad y la confianza de los ciudadanos en las instituciones. El apaciguamiento puede ser útil para evitar la violencia, pero significa la mayor muestra de cobardía de una sociedad ante sus enemigos. El ejercicio de la autoridad, a través de acciones ejemplares como la Operación Camaleón, exige mayores esfuerzos al Estado, pero es también la garantía de nuestra libertad frente a toda amenaza totalitaria.