21 Junio 2010
Editorial
El triunfo de Juan Manuel Santos en las elecciones del 20 de Junio, es indiscutible. Si en la primera vuelta, cuando ya el resultado había sido arrollador, al superar por 25 puntos a Antanas Mockus, muchos críticos y opositores reconocidos plantearon la sospecha del fraude y las presiones a los electores, en esta segunda vuelta no hubo el mínimo espacio para dudar de la legitimidad y mérito del resultado obtenido por Santos. En las sociedades democráticas, las elecciones constituyen el principal acto legitimador de quien aspira a gobernar, como desarrollo de la legitimidad racional de la que hablaba Max Weber. Está claro, pues, que nuestro sistema instala en la jefatura del Estado y del Gobierno a quien consiga la mayoría de los votos en la carrera electoral.
Las circunstancias en que las elecciones presidenciales se desenvolvieron, fueron excepcionales. Salvo por el repudiable asesinato de siete policías en Tibú, Norte de Santander, la normalidad predominó en todo el país y los ciudadanos pudieron ejercer con libertad su derecho y su deber de votar. Esto demuestra que en Colombia hay una verdadera institucionalidad, que la estructura del Estado, pese a los constantes ataques que sufre a diario, y no obstante los vicios que condicionan su capacidad de actuar con eficiencia, funciona y está al servicio de sus ciudadanos. La sorprendente e histórica rapidez con que se realizó el escrutinio y se difundieron los resultados, es la prueba contundente de la evolución y modernización del Consejo Nacional Electoral y las dependencias estatales que procuran la seriedad y transparencia de los certámenes electorales.
El nuevo presidente de la República construyó, durante varios años, una gran trayectoria profesional al servicio del país, que le permite desenvolverse con seguridad y convicción de su propia experiencia. Conoce con profundidad el funcionamiento del Estado y ha realizado una copiosa labor al frente de los ministerios que ocupó, como también en la representación diplomática de Colombia. Sólo con estas credenciales, podría bastarnos para confiar en su idoneidad como primer mandatario, pero el mayor reconocimiento es por su entrega y compromiso a la justa causa de la lucha contra el terrorismo y por la derrota de las organizaciones criminales, respaldado por las Fuerzas Militares, la institución que goza de mayor credibilidad entre los colombianos.
Para este cuatrienio, Juan Manuel Santos deberá continuar los esfuerzos por consolidar la política de Seguridad Democrática, sin dejar que se debilite un solo día. La gestión de la economía será vital para cumplir con los objetivos en materia social, así que requerirá del indispensable apoyo del Congreso a las reformas que aceleren la liberalización económica, y aquellas que permitan al país hacerse más competitivo en la región; reformas que deberán orientarse a la generación de empleo y a promover la creación de empresas y la inversión extranjera, factores claves del crecimiento económico. Los programas sociales que se establecieron durante el gobierno de Uribe, tendrán que reforzarse unos y replantearse otros, para que el Estado supere la fase asistencialista y cumpla a cabalidad su objetivo de mejorar la calidad de vida de los sectores más pobres de la sociedad. En fin, el próximo gobierno está llamado a ser vigilante de los éxitos conquistados en el octenio de Uribe, pero también a resolver numerosos problemas que persisten y que no desaparecerán en el corto plazo. Y mejor que mejor, Santos contará con la incuestionable aprobación de nueve millones de colombianos, pero teniendo pendiente la tarea de ganarse la confianza de quienes no le eligieron.
