08 Julio 2010
Editorial
El presidente electo, Juan Manuel Santos, se ha trazado el ambicioso objetivo de que Colombia entre a formar parte de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), el selecto club de los países más ricos e industrializados del planeta, cuyas economías representan el 80% del PIB mundial.
Sin embargo, no es un objetivo fácil de cumplir. Santos no sólo requiere los apoyos diplomáticos de los 31 estados miembros, sino que además debe llevar a cabo el conjunto de medidas macroeconómicas y de reformas estructurales, políticamente difíciles pero económicamente necesarias, que le permitan a Colombia cumplir con los rigurosos requisitos para ingresar en la OCDE.
Es cierto que Colombia va bien, pero todavía le falta mucho para ubicarse en la vanguardia de América Latina. México y Chile son, por ahora, los únicos miembros latinoamericanos de la OCDE, mientras que Brasil y Perú están interesados en participar.
Santos deberá emular a un Reagan o a una Thatcher, si realmente quiere transformar la economía colombiana en el “milagro económico” del siglo XXI. Para ello resulta necesario tener muy claras las reformas que hay que hacer, que son muchas y muy dolorosas. También implica tener el valor suficiente de enfrentarse contra todo aquel que se oponga y atreverse a tomar las decisiones que conduzcan a una drástica expansión de la libertad económica, abandonando lo mucho que queda de proteccionismo e intervencionismo, haciendo de Colombia un país más flexible, más globalizado, más productivo, más abierto y más atractivo para la inversión.
¿Cómo se logra eso? Se necesitan cambios profundos, basados en la experiencia y el sentido común. El gobierno entrante debe empezar a disminuir fuertemente el abultado gasto público, buscando equilibrar un presupuesto que contiene un enorme déficit de más del 4% del PIB.
También hay que estimular tanto las exportaciones, a través de una política monetaria sana, como la inversión nacional y extranjera, favoreciendo más el ahorro interno a través de los fondos privados de pensiones y generando un ambiente favorable para la entrada de capital foráneo con impuestos bajos, normas claras y estables, costos laborales acordes con la productividad, respeto por los derechos de propiedad, etc. Se requiere la eliminación total de los monopolios o cuasimonopolios, tanto privados como públicos. Los primeros, mediante la apertura de la economía a la competencia interna y mundial, y los segundos, o sea los públicos o estatales, a través de privatizaciones transparentes que permitan la democratización de la propiedad y la competencia entre varias empresas.
Adicionalmente, Colombia necesita adoptar, de una vez por todas, una estructura tributaria simple, sin privilegios ni exenciones, competitiva, atractiva, con tasas reducidas, fácil de entender y, por ende, fácil de cumplir y controlar. También hay que democratizar la propiedad y el acceso al capital financiero, distribuyendo las tierras incautadas a los narcotraficantes, facilitando la titulación de propiedades y promoviendo opciones de microcrédito.
Hay que mejorar urgentemente la infraestructura, lo cual implica combinar endeudamiento e inversión pública y privada, nacional y extranjera, en la construcción de carreteras, nuevas vías férreas, autopistas, puentes, túneles, centrales hidroeléctricas o nucleares, puertos marítimos y fluviales, aeropuertos, etc., que faciliten y abaraten las exportaciones y la producción. Y, de la misma manera, resulta fundamental mejorar en capacidad tecnológica y el capital humano, puesto que ahí está la clave principal de todo el desarrollo económico. Para tal mejora se requiere, por el lado del cambio tecnológico, inversión privada e incentivos tributarios del Estado que permitan la incorporación rápida de tecnología de punta, la cual también ingresa a través de la inversión extranjera directa y del libre comercio. Y, por el lado del capital humano, se necesita la inversión pública y privada en capacitación, investigación y ciencias; pero lo más importante es remover los muchos obstáculos a la creatividad y a la iniciativa empresarial.
Finalmente, en el plano social, Colombia requiere dos reformas básicas. En primer lugar, hay que dirigir la asistencia social sólo a los más pobres y necesitados, con criterios de subsidiariedad, temporalidad y focalización.
Y, en segundo lugar, se necesita ampliar el cubrimiento y mejorar la calidad de los servicios de salud, educación, vivienda, agua potable, saneamiento básico, etc. Para esto se necesitan los recursos que sólo puede brindar una economía fuerte y pujante, que genere abundantes empleos con afiliación a la seguridad social, así como impuestos para el Estado. Pero también se le debe permitir al sector privado prestar todos aquellos servicios en los supera en calidad y precios al Estado. En este punto la competencia libre de varios prestadores es fundamental, porque tiende a beneficiar a los consumidores.
Ahora bien, estas medidas requieren, como lo enseña el ejemplo chileno, una firme voluntad política y un trabajo permanente y coherente. Juan Manuel Santos parece estar dispuesto a ambas cosas. No obstante, el camino apenas comienza.
El objetivo de lograr que Colombia acceda a la OCDE sólo es un primer paso hacia el desarrollo. Formar parte de esa institución ofrecería las condiciones propicias para que estrechemos los vínculos con las naciones más libres, más influyentes y más prosperas del planeta, permitiéndonos incorporar experiencias exitosas de otros países, identificando buenas prácticas y coordinando estrategias de intercambio, que nos brinden la oportunidad de aprovechar mucho más las ventajas de la globalización.



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