11 Agosto 2010
Editorial
Una vez más, Colombia y Venezuela han restablecido las relaciones diplomáticas, luego de un enfrentamiento que elevó la confrontación más allá de lo usual. Los presidentes Santos y Chávez suscribieron un acuerdo que busca la normalización del intercambio comercial bilateral, la disminución de las tensiones fronterizas y la asunción de compromisos relativos a la amenaza que las FARC significan para la estabilidad de los dos países.
En principio, todos deseamos la coexistencia pacífica de los estados y el sometimiento de estos a unas reglas de comportamiento internacional, que ordenan sus intereses y ponen límites a su acción. Para garantizar el respeto a esas reglas, los estados adquieren una serie de obligaciones en el plano de la realidad, que atienden a las circunstancias de cada momento y lugar. Así, el actual orden internacional exige a los gobiernos comprometerse en la solución de un problema sumamente grave y complejo, como el terrorismo internacional, que pone en riesgo la sociedad abierta y el Estado como comunidad política. En ese sentido, Colombia y Venezuela han tenido, al menos hasta hoy, dos formas diferentes de responder a ese desafío: Colombia decidió combatirlo y Venezuela optó por su legitimación, pero fue incluso más allá: Acogió a los jefes de las FARC dentro de su territorio, de la misma forma que lo ha hecho con miembros de ETA, Hezbollah o Hamas, y algunos de ellos se integraron a los organismos de inteligencia o a programas sociales del gobierno de Chávez. Es un hecho contundente y las pruebas abundan, para quien quiera comprobar lo que estamos afirmando.
Es esta actitud tolerante y comprensiva con los violentos, la que ha conducido una y otra vez al conflicto entre los dos países. Las exportaciones colombianas a Venezuela se redujeron prácticamente a cero, por la renuencia de Chávez a reconocer que se situó al lado de los enemigos de la sociedad colombiana, y por su negligencia manifiesta a la hora de cooperar con su vecino. El tratamiento hacia la comunidad colombiana en Venezuela se ha tornado hostil, por la necesidad que Chávez tiene de desviar la atención de los ciudadanos venezolanos a ese vínculo con los terroristas de las FARC, y de recrear un escenario en el que Colombia, los colombianos y su gobierno se constituyen en el mayor enemigo. Éste y no otro, es el verdadero epicentro de la división.
De manera que el acuerdo por el cual se recomponen las relaciones bilaterales es, sin duda, positivo, lo cual no obsta para que pueda presentarse un enfrentamiento posterior. El presidente Santos y su gobierno deben asegurarse de que Hugo Chávez cumpla a cabalidad su parte de lo pactado, fundamentalmente, que condene sin complejos a las FARC y deje de obstruir el intercambio comercial. En cuanto al primer punto, que sea consciente de que esta organización no implica peligros únicamente para Colombia, sino también para Venezuela, pues el deterioro de la seguridad, el salto exponencial de la criminalidad (Caracas es ahora la segunda ciudad más violenta del mundo) y la nueva vocación de Venezuela como exportador de drogas, son consecuencias evidentes de la penetración de las FARC y de numerosas agrupaciones similares en distintos ámbitos de la sociedad venezolana. Y sobre el segundo punto, Chávez debe actuar con más realismo y menos ideología ante la precaria situación económica del país.
Sólo en la medida en que estas condiciones sean respetadas, habrá un entendimiento serio, claro y será posible hablar de unas relaciones verdaderamente diplomáticas entre los dos países.
