07 Septiembre 2010
Editorial
La Política de Estado contra la Corrupción, presentada por el presidente Santos, es una iniciativa muy interesante para hacer más transparentes las instituciones del Estado y acrecentar su legitimidad frente a los ciudadanos. Pero esa política, para tener éxito, debe consultar los experimentos similares que se han llevado a cabo en países como Chile, Uruguay o Costa Rica, los mejor calificados en los indicadores de corrupción (por ejemplo, el Índice de Percepción de la Corrupción o el Índice de Libertad Económica en el Mundo). Y descartar por completo las estrategias anticorrupción aplicadas en Venezuela, Ecuador o Argentina, cuyos gobernantes pregonan plausibles discursos contra la rapacidad de políticos y lobbies económico-sociales, pero cada vez se hunden más en los estudios elaborados por organizaciones tan influyentes como Transparencia Internacional, Freedom House o CADAL (Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina).
Los dos principales fines que debe perseguir el nuevo gobierno, en el combate a la codicia e irrespeto hacia los recursos públicos, son: Primero, el logro de una verdadera fluidez, que consistiría en la habilidad del Estado y de los individuos para adaptarse a los cambios que dicta la realidad económica, de modo que el crecimiento económico genere prosperidad (libertad económica) y ésta no se vea torpedeada por el nocivo intervencionismo gubernamental. Las reformas liberalizadoras de la economía son la clave de dicha fluidez. Y segundo, la eficiencia del Estado en todos los niveles, desde la Fuerza Pública y los organismos de inteligencia, hasta la administración de justicia y entidades como la DIAN.
La sugerencia que podemos hacer al Gobierno Nacional, para que prospere en su Política de Estado contra la Corrupción, es que no caiga en la tentación de crear una gigantesca entidad para este objetivo, conformada por miles de funcionarios y que impone tiránicos controles a toda actividad de los particulares, quienes intentarán evadirlos mediante toda clase de maniobras ilícitas, como los sobornos. Más burocracia es sinónimo de más corrupción. Si es así, el resultado obtenido será completamente diferente al esperado: En primer lugar, ya desde el inicio se está causando un gran detrimento a los recursos del Estado, puesto que se está extrayendo más dinero de los ciudadanos, por vía de impuestos, para sostener organismos públicos que no se rigen por los mismos patrones de comportamiento del mercado, es decir, competencia, eficiencia o productividad, ni de rendición de cuentas a los contribuyentes, sino que obedecen a motivaciones o intereses políticos (podríamos decir, incluso, motivaciones o intereses de los políticos), usualmente asociados a la justificación ética de la función del Estado, pero aún más, de un Estado cuyo poder se considera benéfico y que ofrece soluciones definitivas a todos los problemas de la sociedad.
Por fortuna, el Gobierno parece consciente de la gravedad del problema y el endurecimiento de las penas contra quienes utilicen el Estado como una fuente de satisfacción de sus intereses particulares, es una medida que demuestra compromiso con los ciudadanos. Hay que poner fin a esa práctica mafiosa de asaltar los bolsillos de los contribuyentes, para restablecer la confianza de la sociedad colombiana en las instituciones.
