Juan David García Ramírez
Casi todos los motivos de desprecio hacia la política, suelen radicar en la quiebra de una expectativa desmesurada. La formulación de los objetivos políticos coincide en el tiempo con las campañas electorales. Entonces, los proyectos políticos son imaginados como si ya la victoria se hubiera obtenido, o se fuera disponer de una mayoría absoluta y la realidad social pudiera ser fácilmente maleable. Pero lo cierto es que las elecciones se ganan con una doctrina que debe ser abandonada precipitadamente, en cuanto se constituye el nuevo escenario político.
A partir de ese momento, con un público sembrado de promesas y persuadido por la retórica electoral, el espectáculo que se ofrece no puede dejar de ser percibido como un ejercicio de oportunismo, componendas y transacciones inocultables. Tal vez por eso, los pactos o alianzas sean suscritos de una manera tan vergonzante y tan fácilmente criticados por la oposición.
La acción política aparece, pues, como una estrategia de corto plazo para mantenerse a flote, como un ejercicio de improvisación de último minuto, como lo hemos percibido en las últimas semanas, con las reacciones de los candidatos presidenciales a los resultados de las encuestas o a las valoraciones sobre su desempeño en los debates y ruedas de prensa.
En este panorama, defender el arte de la oportunidad política supone convertirse en el blanco de todas las iras contra los abusos de la política y los políticos. Si insistimos en este propósito, es porque creemos que oportunidad no equivale a oportunismo, pero sí implica que muchas veces se aplace la discusión sobre las cuestiones de principios en los asuntos públicos, para abrir camino a la deliberación sobre las decisiones que es preciso tomar, o las soluciones efectivas que es imperativo aplicar, cuando la urgencia lo exige.
La racionalidad de la política es, de esta forma, el aprovechamiento de la oportunidad, algo de lo que son incapaces los doctrinarios y que desprestigian los oportunistas, con su conducta desviada del Derecho y los valores ético-sociales.
Con frecuencia, las instituciones políticas acostumbran combinar oportunidad con oportunismo, pues, en definitiva, no hay incompatibilidad entre la apelación teórica a los principios y una práctica torcida. En realidad, estos dos elementos se compaginan bastante bien, ya sea dentro del mismo partido o en una misma persona, dependiendo de la inminencia de las elecciones o, si ya se está en el gobierno, del riesgo de perder los espacios de poder que se poseen. Se elaboran los programas políticos sin hacer examen de las posibilidades, y se gestiona lo público desconociendo la voluntad de los ciudadanos.
Así, entender la política como el discernimiento inteligente de la oportunidad, requiere distanciarla del doctrinarismo que busca imponer esquemas rígidos a un mundo complejo. No se inicia la política con un plan exacto, un contrato social originario o una plataforma de consenso. Es todo lo contrario: La política comienza con el conflicto y, en no pocas ocasiones, supone su prolongación.
Muchos desconocen, sumidos en un mar de utopías, que no existe un ideal político independiente de la práctica y de la experiencia, siempre limitada, escasa y posibilista. Piden lo imposible, olvidando que la época de Mayo del 68 es sustancialmente diferente de la actual. Este absolutismo en la política produce consecuencias nefastas, pues lleva implícita una pretensión totalitaria de transformar el mundo, aún contra la corriente, y las buenas intenciones también conducen a la tiranía, ya en Corea del Norte, en Cuba, en Rusia, en Estados Unidos, o ya en Colombia.
1. Poseer suficiente sentido de la oportunidad: Lo que un político tiene a la vista, son oportunidades que debe aprovechar y, generalmente, las decisiones no dan espera. Es por eso que la política no se detiene. Es una respuesta, buena o mala, a una coyuntura, no un compendio de dogmas. Las decisiones que parecen más audaces, están precedidas por determinadas situaciones sociales.
No se emprendió una persecución tan espectacular contra las FARC, solamente porque se trata del deber constitucional que asiste al Estado de neutralizar toda organización criminal, sino porque la sociedad lo ha exigido durante años, y el aprovechamiento de esa oportunidad le apuntó a Juan Manuel Santos indiscutibles éxitos. De igual modo, no se permitió votar a las mujeres porque sus derechos se descubrieran repentinamente, sino porque ya era un hecho su poder decisorio en muchos ámbitos de la vida social.
De un buen político debe esperarse una agudeza especial para percibir los momentos oportunos[1]. Muchos éxitos políticos son explicables por el aprovechamiento inteligente de los tiempos de prosperidad económica, lo mismo que tantos fracasos son el resultado de haber presentado una idea en el momento menos adecuado. Para Weber, la oportunidad significaba realizabilidad, riesgo, suerte, con todos los matices de la experiencia.
Es la posibilidad de obrar de otro modo, que casi siempre está presente en la acción, esto es, que permite al gobernante evitar el error o rectificarlo. Y en ese sentido, lo oportuno y que asegura el éxito, consiste en no ofrecer más de lo que una sociedad democrática espera de un dirigente democrático: Que se preocupe por la sociedad en su conjunto y que sintonice sus acciones de conformidad con los intereses y objetivos que ésta persigue en cada momento. Y esta forma de hacer política no puede ser señalada como oportunista, pues es un error pensar que el político debe ser un pensador profundo, antes que un buen gestor y eficiente ejecutor. 
2. Para defenderse, emplear las leyes y la fuerza: Dice Maquiavelo, en El Príncipe, que hay dos modos de defenderse: “El uno, con las leyes, y el otro, con la fuerza. El primero es el que conviene a los hombres; el segundo pertenece esencialmente a los animales; pero, como a menudo no basta con aquel, es preciso recurrir al segundo.” No otro consejo podríamos dar a un candidato a la presidencia de la República, cuando las circunstancias tan adversas apremian al gobernante a actuar sin vacilaciones. El respeto y observancia de la Constitución y las leyes, así como el sometimiento a las reglas de juego del régimen democrático, deben acompañar siempre los actos del conductor político del Estado.
Por supuesto, el uso de la fuerza no tendría por qué constituir necesariamente una transgresión del ordenamiento jurídico, sino más bien la materialización de la coercibilidad de las leyes, la expresión de la legitimidad racional que la sociedad confiere a las instituciones.
El recurso a la fuerza física, aunque comprendido individualmente como impropio de los hombres, si tiene como complemento la ley, se concibe como indispensable para la defensa de los intereses de la comunidad política. Incluso en las relaciones internacionales, esta idea cobra plena vigencia cuando se habla de la diplomacia estratégica, que no es otra cosa que el seguimiento de las normas, procedimientos y formalidades del Derecho Internacional Público, en ejercicio de la función diplomática, sin que los ejércitos bajen la guardia.
3. Obrar según el bien, pero saber entrar en el mal: Además de orientar sus acciones y decisiones según lo que dispongan las leyes, el gobernante se encuentra en el deber de actuar moral y éticamente, con arreglo a los valores y principios que soportan la sociedad. No es un descubrimiento, pero no sobra la advertencia de que el gobernante busque el bien hasta donde sus capacidades se lo permitan, pues sería absurdo desconocer que él también puede verse condicionado por las pasiones, las ambiciones o la presión proveniente de actores y grupos con mayor poder político y económico. Maquiavelo sugería al político que “su espíritu debe estar dispuesto a volverse según que los vientos y variaciones de la fortuna lo exijan de él… y a no apartarse del bien mientras lo puede, sino a saber entrar en el mal cuando hay necesidad.”
Y es que la Realpolitik, cuyo pensamiento han expuesto en la contemporaneidad Hans Morgenthau, Kenneth Waltz y otros como Joseph Nye, indica al gobernante ponderar sus convicciones y principios con la realidad, en donde los hombres se comportan de acuerdo con su naturaleza.
Así, las circunstancias pueden forzarlo a renunciar temporalmente al bien e incurrir en acciones indecorosas o lesivas de los valores democráticos, por perseguir fines que puedan considerarse superiores. En ocasiones, las sociedades abiertas se han visto en el dilema de tomar medidas restrictivas de las libertades civiles y políticas, para garantizar su seguridad y estabilidad, pero también para asegurar su existencia[2].
4. Firmeza y capacidad para tomar partido: El presidente, puesto que es el conductor político d
el Estado y el máximo representante de los ciudadanos, no debe permitirse ni un segundo asumir posiciones poco firmes o ambiguas, ni tomar decisiones que afecten la claridad de sus ideas.
En la actualidad, quienes ejercen determinado liderazgo en la sociedad, pero aún más el presidente, corren grave riesgo de caer en la trampa del pensamiento políticamente correcto, del relativismo que considera que toda posición es válida, que el bien y el mal son categorías morales discutibles y que conviene más cobijarse bajo el manto de la neutralidad valorativa.
Maquiavelo recomienda, precisamente sobre el deber que tiene el gobernante de tomar partido: “Nota bien que el que te pide la neutralidad, no es jamás amigo tuyo, y que, por el contrario, lo es el que solicita que te declares a favor suyo y tomes las armas en defensa de su causa. Los príncipes irresolutos que quieren evitar los peligros del momento, abrazan con la mayor frecuencia la vía de la neutralidad; pero también con la mayor frecuencia avanzan hacia su ruina.”
En la orientación de la política exterior, los llamados a la neutralidad suelen ser más reiterados que las invitaciones a la firmeza, al compromiso con los intereses del país ante la sociedad internacional. Es conocida la neutralidad del presidente de Brasil, Luis Inazio Lula Da Silva, quien rehuye la condena de los regímenes totalitarios de Cuba y Corea del Norte, o los autoritarios de Irán y Venezuela, refugiándose en el respeto al principio de libre autodeterminación de los estados.
5. Escuchar a sus consejeros y asesores: En los países latinoamericanos es muy usual que los jefes de Estado y de gobierno, en virtud de un sistema presidencial que les otorga innumerables potestades, se guíen únicamente por su propio criterio y exhiban una tendencia a concentrar y centralizar cada vez más el poder político, situación que causa graves perjuicios a la sociedad.
Los gobernantes de hoy cuentan con grupos de profesionales en distintas áreas, encargados de estructurar y dotar de suficiente seriedad las decisiones del gobierno, para que éste sea exitoso[3]. Estos grupos de asesores y consejeros son fundamentales, imprescindibles para un ejercicio responsable de la función de gobernar.
Si el presidente de la República da la espalda a quienes le pueden procurar las mejores claves para un gobierno eficiente, podremos permitirnos dudar de su talante democrático y brillará su arrogancia como líder.
En El Príncipe, Maquiavelo explica que “es necesario que su conducta con sus consejeros reunidos, y con cada uno de ellos en particular, sea tal que cada uno conozca que, cuanto más libremente se le hable, tanto más se le agradará.”
6. Obtener el respeto de los ciudadanos: El presidente se debe principalmente a los ciudadanos, que le han elegido mediante su voto. Esa es la base de la legitimidad del poder en la democracia. Puesto que este poder no es patrimonial, es decir, el gobernante no lo ejerce como si le hubiera sido transmitido hereditariamente, ni se trata de un bien que nadie le puede arrebatar, debe haber el suficiente compromiso con las expectativas que se han creado sobre los electores, para que haya confianza y respeto hacia el gobierno en su conjunto. Y sobre esto, Maquiavelo señala que “es necesario que el príncipe tenga el afecto del pueblo, sin lo cual carecerá de recurso en la adversidad.” 
7. Cuidarse de juzgar a sus oponentes: En la política actual predomina un discurso maniqueísta, por el cual muchos se proclaman abanderados de la moral y los valores, frente a una incómoda camarilla de corruptos que sólo persiguen intereses particulares. La división entre decentes e indecentes, transparentes y oscuros, honestos y deshonestos, es el resultado de la decepción que la política ha causado en la gente común.
Es el trasfondo de una demonización de la política, que ofrece una alternativa implacable: Elegir entre cinismo o ingenuidad, entre convicciones y responsabilidades.
Este maximalismo termina atentando contra la ética de mínimos que supone la convivencia política. Si por esos mínimos comprendemos el respeto a unas reglas de juego establecidas, al pluralismo propio de la democracia, entonces será posible gobernar y lograr acuerdos con las distintas fuerzas políticas. Pero si, por el contrario, el candidato tiene el hábito de prejuzgar y detenerse solamente en los errores de sus rivales, con el fin de disminuir su prestigio, es posible que se vea afectado por la disminución de su popularidad y los ciudadanos desistan de considerarlo como una opción interesante.
8. Ser consecuente con la actualidad: El gobernante ha de estar ubicado en el contexto actual, conocer las circunstancias en que se desenvuelve la sociedad. Esto es, debe demostrar una comprensión y un dominio tal de las cuestiones propias de la vida pública, que transmita la imagen de ser producto de su tiempo. Los ciudadanos tienden a respaldar la figura de aquel con quien se identifican, que habla su mismo lenguaje y se ha visto afectado por problemas similares en su vida cotidiana. Maquiavelo expresa: “Creo también que es dichoso aquel cuyo modo de proceder se halla en armonía con la calidad de las circunstancias, y que no puede menos de ser desgraciado aquel cuya conducta está en discordancia con los tiempos.”
Si nos hallamos ante un líder que parece estar viviendo en otra época y que plantea discusiones ya superadas por la sociedad, como por ejemplo, insistir en la polarización ideológica de la Guerra Fría, o en el enfrentamiento entre los partidos tradicionales, éste sólo causará antipatía entre la gente, porque el escenario político de hoy dista radicalmente del anterior, que resultaría incomprensible para una población eminentemente joven, y chocante para los mayores, que vivieron ya tan aciagos momentos y se han adaptado a la lógica de una sociedad más pluralista e integradora[4].
9. Estar preparado para la guerra: Aunque las circunstancias han cambiado ostensiblemente en el país, y el Estado posee hoy una capacidad indiscutible para enfrentar todo tipo de amenazas a su seguridad y estabilidad, no debe el presidente relajar su determinación de perseguir y derrotar a las organizaciones criminales terroristas e impedir que devuelvan al país a una situación de estado de naturaleza. Siendo ésta la mayor preocupación de todo Estado, debe también serlo del gobernante.
Algunos han desestimado esta idea y sostienen que hay otras prioridades en el país, y rechazan todo recurso a la confrontación bélica. Sin que deba convertirse en una obsesión, sí es, pues, cierto que al jefe de Estado corresponde advertir a los ciudadanos acerca de los peligros que acechan, tanto en el ámbito interno como en el internacional, justamente en algunos países vecinos cuya espectacular carrera armamentista produce toda clase de temores.
Para Maquiavelo, “un príncipe no debe tener otro objeto, otro pensamiento, ni cultivar otro arte más que la guerra, el orden y disciplina de los ejércitos, porque es el único que se espera ver ejercido por el que manda.” Esto podría parecer anacrónico, si consideramos que hoy vivimos en sociedades democráticas y abiertas, menos propensas a la guerra convencional. No obstante, cobra relevancia su afirmación, pues la seguridad recuperó un lugar vital en la discusión política, después de los terribles atentados terroristas en Nueva York, Madrid, Londres, Bombai y Moscú.
10. Cumplir los compromisos adquiridos: El presidente no sólo contrae un compromiso con los ciudadanos, sino que, en desarrollo de su gobierno, se compromete de igual modo con sus copartidarios en el Congreso, con los grupos que le han apoyado en su ascenso al poder y con la oposición misma.
En la realidad, ese es el auténtico contrato social: El escenario en donde el gobernante y los ciudadanos, mediante compromisos, construyen la sociedad o promueven cambios en ella.
En la medida en que el presidente observe los compromisos, se asegurará el apoyo de la gente y esta actitud servirá de argumento para convencer a los rivales políticos, así como para dar estabilidad al gobierno. En cambio, el incumplimiento será prueba del desdén, de la negligencia o de la debilidad del compromiso adquirido. Al respecto, Maquiavelo sostiene que “la naturaleza de los hombres es de obligarse unos a otros, así tanto con los beneficios que ellos acuerdan como con los que reciben.”
Juan David García Ramírez es politólogo de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, estudiante de maestría en Estudios Políticos e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas de la misma Universidad. También es Editor del periódico Comentario Digital.
[1] INNERARITY, Daniel. La transformación de la política. Barcelona: Ediciones Península, 2002. p. 32.
[2]IGNATIEFF, Michael. El mal menor. Ética política en una era de terror. Buenos Aires: Editorial Taurus, 2005. p. 34.
[3] FUKUYAMA, Francis. La construcción del Estado. Barcelona: Ediciones B, 2004, p. 73.
[4]INNERARITY, Daniel. La transformación de la política. Barcelona: Ediciones Península, 2002. p. 70.
( 6 Votos )
