01 Junio 2010
Juan David García Vidal
El sistema tributario colombiano es un verdadero caos envuelto en una maraña de trámites, privilegios, reglamentaciones, formularios y un largo etcétera de trabas y cargas similares.
Se puede continuar por el camino actual de reformas coyunturales, desordenadas y superficiales, como las que cada dos o tres años vienen realizando los distintos gobiernos, orientadas a recaudar más recursos para tapar huecos fiscales del Estado, sin cambiar fundamentalmente ni la filosofía, ni el enfoque, ni la estructura, ni tampoco el funcionamiento del régimen tributario.
La experiencia muestra que ese camino sólo conduce al estancamiento económico y a la competencia frenética entre grandes empresarios y grupos de presión por obtener exenciones y privilegios tributarios de todo tipo, en un marco jurídico incierto que beneficia a unos pocos poderosos con influencia política y con asesores contables a su disposición, a costa de las clases medias y de una inmensa masa de pequeños y medianos empresarios, que tienen que soportar los costos e iniquidades de nuestro empobrecedor sistema tributario.
Pero existe, por otro lado, al hilo de modelos tributarios exitosos y competitivos como el impuesto plano (flat tax), la alternativa, políticamente difícil pero económicamente necesaria, de que Colombia opte por una transformación profunda de su estructura tributaria, que le permita no sólo cubrir las onerosas necesidades del gasto público, sino principalmente generar las condiciones para que aumente el ahorro y la inversión privada y, por ende, la creación de empleos y de riqueza.
En Colombia se aplica perfectamente la antológica frase del ex ministro de economía argentino, Ricardo López Murphy, según la cual “tenemos impuestos suecos, con contribuyentes sudamericanos, y servicios africanos”. Sin embargo, hasta suecos y alemanes, paradigmas de los impuestos altos, se están moviendo en la dirección opuesta, o sea la de reducir y simplificar la carga tributaria de los contribuyentes.
En ese orden de ideas, lo que Colombia requiere no es la continuidad de las reformas leves y continuistas que nos tienen anclados en la pobreza y encadenados a un sistema anacrónico y fracasado. Lo que necesita nuestro país es una auténtica y radical revolución tributaria, como las que han realizado, con magníficos resultados en atracción de inversiones y reducción de pobreza, países como Irlanda y Rusia, así como gran parte de las economías de Europa del Este y Hong Kong en Asia.
La revolución tributaria que precisa Colombia debería introducir tres grandes transformaciones en nuestro sistema de impuestos. En primer lugar, hay que adoptar el modelo de impuesto plano o flat tax. La idea viene originalmente de Estonia, un pequeño país báltico de agricultores, que padeció más de 50 años de cruel y ruinosa ocupación socialista.
Tras la desintegración del imperio soviético, los estonios, hartos de una devastadora inflación que superaba el 1.000% y de una pobreza arraigada, dieron un viraje espectacular, apoyando las reformas de su Primer Ministro, Mart Laar (1992-1994 y 1999-2002), quien revolucionó el sistema tributario de su país, contrariando las recomendaciones del Banco Mundial, que pedía aumentar los impuestos para cubrir el déficit presupuestario. Lo hizo sustituyendo los diversos tributos por uno solo que grava, por igual, al trabajo, al consumo y al capital, con una tasa única, sin exoneraciones ni privilegios, ni posibilidades de doble tributación. No hay “zonas francas”, porque todo el país es una “zona franca”, sin barreras arancelarias y con una apertura total a la economía global.
El flat tax se declara en un solo documento, que se puede diligenciar por Internet, sin necesidad de trámites engorrosos, y sin tener que guardar toneladas de archivos con facturas y papeles de todo tipo. Es un impuesto sencillo que, a diferencia de los actuales, lo puede entender y cumplir fácilmente cualquier empresario o cualquier trabajador independiente, sin tener que contratar costosos departamentos de contabilidad o abogados expertos en derecho tributario, lo cual se traduce en un ahorro significativo para el sector productivo y, en consecuencia, en un aumento de la base de recaudación y de los ingresos del fisco. Por ser un impuesto fácil de cumplir, recaudar y controlar, se disminuyen sensiblemente las posibilidades de evasión fiscal y corrupción, al tiempo que se fomenta la productividad, la inversión en nuevas tecnologías y la generación de empleos.
¿Cómo le ha ido a Estonia con el flat tax? Tras las reformas liberalizadoras, su otrora paupérrima economía, empezó a crecer a ritmos del 7% anual, durante una década, para luego alcanzar niveles del 11% anual. La pobreza se redujo a mínimos y el ingreso promedio por persona se elevó a casi 16 mil dólares anuales. Aunque los impuestos disminuyeron, la recaudación fiscal ha aumentado un 30%, porque los tributos son más fáciles de pagar, las empresas son más productivas y la gente tiene mayores ingresos. Es tanto el dinero que le entra a las arcas del Estado, que tienen un superávit de 15 años, que supera el 6% del PIB.
En el caso de Colombia, un buen comienzo sería aplicar el flat tax al impuesto de renta, o sea estableciendo una tarifa única y baja para todos, personas naturales y jurídicas, eliminando la progresividad del impuesto y exonerando únicamente a los sectores más pobres.
Conjuntamente con la simplificación tributaria que entraña el flat tax, Colombia necesita, como segunda transformación estructural, una reducción generalizada en las tarifas y en el número de impuestos. Hay que empezar por eliminar los tributos a las transacciones (como el odioso 4 por 1.000 o el de timbre), a la nómina (como los parafiscales) y los impuestos al patrimonio.
Lo ideal sería seguir el ejemplo de Georgia, país que, según cuenta el economista español Manuel Llamas en recomendable artículo, “ha pasado de 21 figuras impositivas a tan sólo 6, ‘planas y fáciles de administrar’”.
Según el índice Facilidad para pagar impuestos elaborado anualmente por el Banco Mundial, basado en el reporte, Haciendo Negocios 2010, Colombia es uno de los países con impuestos más altos y complejos, ocupando el puesto 115 entre 183 economías analizadas. Hay 20 figuras impositivas, que requieren, en promedio, 208 horas anuales de preparación contable para declararlas y pagarlas. Según el informe, el 78,7% de las utilidades deben pagarse en impuestos. Con esa pesada carga Colombia jamás prosperará.
En tercer y último lugar, al hilo de las anteriores transformaciones, Colombia debe emular la llamada “Ley de libertad” que ha implantado Georgia, de acuerdo con la cual se prohíbe, constitucionalmente, que el peso del Estado supere el 30% del PIB nacional, y se exige, para cualquier aumento adicional de impuestos, la convocatoria a un referéndum popular en el que la mayoría de los contribuyentes lo aprueben. Con esto hay límites y controles más nítidos al poder de los políticos sobre nuestros bienes y hay una auténtica participación democrática en las decisiones que afectan al bolsillo y a la propiedad de la gente.
No faltarán los reproches de buena parte de los doctrinantes y académicos, quienes desde sus cómodas poltronas de profesores, tacharán estas propuestas de “regresivas” e injustas, porque según ellos hay que gravar progresivamente los ingresos de los más acaudalados, para redistribuir la riqueza y ayudar a los pobres.
Falso. Paradójicamente, cobrarle más impuestos a los ricos perjudica más a los pobres y a las clases medias a largo plazo. Hay tres poderosas razones para esto. Primero, porque los ricos, es decir los empresarios, van a trasladar parte del aumento en sus tributos a los productos que compran los consumidores. Segundo, porque los ricos y empresarios, al ser los únicos que realmente crean empleo productivo y riqueza, van a reducir la contratación de trabajadores y van a dejar de invertir en el país. Y tercero, porque los ricos tienen la posibilidad de contratar abogados y expertos tributarios que les ayuden a aprovechar los resquicios de la ley para eludir el pago de tantos impuestos, dejándole la carga a los pequeños empresarios y a los trabajadores asalariados, que no disponen de los recursos de asesoría tributaria que tienen los ricos.
Si los colombianos queremos construir una economía realmente justa, próspera y competitiva, debemos iniciar, cuanto antes, una profunda y radical revolución tributaria. Sin el lastre de nuestro actual sistema de impuestos, Colombia no sólo podrá crecer de forma más equitativa y acelerada, sino que también podrá ampliar los espacios de libertad de sus habitantes.
Juan David García Vidal es abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y magíster en asuntos internacionales de la Universidad Externado de Colombia en convenio con la Universidad de Columbia en Nueva York y con Sciences Po de París. Es director general de Comentario Digital.
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