04 Mayo 2011

Juan David García Vidal

El saliente director de la CIA, León Panetta, acaba de revelar que las fuerzas especiales estadounidenses, que llevaron a cabo la misión en la que dieron de baja a Osama Bin Laden, entraron en territorio pakistaní sin conocimiento y sin permiso de las autoridades nacionales, porque haberlo hecho podría haber “arriesgado la misión”, puesto que “podrían haber alertado a los objetivos” del operativo, desarrollado en la localidad de Abbotabad, cerca a una academia militar pakistaní. Es decir, Estados Unidos no confía en las autoridades de Pakistán. 

Ahora bien, ¿qué diferencia hay entre esta aplaudida acción militar ordenada por el presidente Obama y la muy criticada “Operación Fénix” , ejecutada por fuerzas militares colombinas en territorio ecuatoriano y ordenada por el ex presidente de Colombia Álvaro Uribe, sin autorización previa del gobierno de Ecuador, en marzo de 2008, para eliminar al jefe terrorista de las FARC, Raúl Reyes? Tal vez la única diferencia importante es que a Obama se le perdona todo por ser el Santo progresista de la izquierda, mientras que Uribe está condenado de antemano por estar etiquetado de derechista. Incluso Colombia tiene una acusación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el caso del bombardeo contra Reyes en Ecuador. Se trata de una prueba más del doble rasero de la izquierda. Si el operativo contra Bin Laden lo hubiese ordenado Bush, ya le estaría lloviendo una incesante tormenta de críticas, acusándolo de violar el derecho internacional, por haber invadido a un país para matar a un ciudadano sin autorización, sin juicio y sin orden judicial. 

La verdad es que tanto la operación estadounidense contra Bin Laden en Pakistán como el bombardeo colombiano contra Raúl Reyes en Ecuador son actos de legítima defensa que están autorizados en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. 

Tanto Estados Unidos como Colombia tenían fundadas razones para desconfiar de las autoridades de los países en los que lanzaron sus respectivos operativos antiterroristas. En el caso de Pakistán resulta muy improbable que la mansión fortificada, en la que se encontraba Bin Laden, haya pasado desapercibida para la inteligencia pakistaní, teniendo en cuenta que está ubicada muy cerca de una academia militar donde viven altos mandos de las fuerzas armadas de Pakistán. Además, desde hace tiempo se conocen las estrechas relaciones de colaboración de una parte de las autoridades pakistaníes con grupos talibanes y de Al Qaeda. Por tanto, haberles informado del plan contra Bin Laden habría sido una torpeza inexcusable. 

Ahora bien, el caso de Ecuador no es muy distinto. A estas alturas su presidente todavía se niega a reconocer el carácter terrorista de las FARC y siempre se ha mostrado renuente a cooperar con Colombia para combatirlas. Hoy se sabe, gracias a las pruebas extraídas de los computadores de Raúl Reyes, que el gobierno ecuatoriano no sólo tolera y presta albergue a los terroristas de las FARC, como sospechaba el gobierno colombiano cuando lanzó el ataque contra Reyes, sino que además tienen una alianza al más alto nivel. De ahí que el cabecilla de las FARC tuviera una enorme y cómoda base permanente en territorio ecuatoriano, desde la que lanzaba secuestros, extorsiones y masacres contra el pueblo colombiano. Si Colombia hubiese esperado la colaboración del gobierno de Correa para atacar el escondite de las FARC en Ecuador, Raúl Reyes jamás habría sido eliminado, ni detenido, ni incomodado. 

Frecuentemente el derecho a la soberanía de los estados se ha convertido en el derecho de los asesinos y terroristas a matar con total impunidad, porque encuentran refugio seguro en países con regímenes que simpatizan con sus causas totalitarias. Esa conducta la condena expresamente  el derecho internacional. Por ejemplo, la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de la ONU, expedida el 28 de septiembre de 2001, poco después de los atentados del 11-S, ordena a todos los Estados miembros, que “denieguen refugio a quienes financian, planifican o cometen actos de terrorismo o prestan apoyo a esos actos”. Si esta resolución se aplicara, gobernantes como Chávez o Correa, hace mucho tiempo deberían haber sido retirados de sus cargos y llevados ante tribunales internacionales para que respondan por sus vínculos probados y confirmados con los narcoterroristas de las FARC. Pero el que esto no suceda, no impide que los países víctimas del terrorismo, como Colombia, Estados Unidos, España o Israel, puedan detener o dar de baja a sus agresores en suelo extranjero, cuando están escondidos en territorio de en Estado cómplice. Como bien dice André Glucksmann: “el deber de detener a un perpetrador de masacres está autorizado por la masacre misma”. No hacer nada sería una grave irresponsabilidad.

Juan David García Vidal es abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y magíster en asuntos internacionales de la Universidad Externado de Colombia en convenio con la Universidad de Columbia en Nueva York y con Sciences Po de París. Es director general de Comentario Digital.

( 13 Votos )