Íngrid Betancourt o el traslado de la culpa

13 Julio 2010

Beatríz Campillo 

Hace ya varios años escuchaba al profesor Pedro Rivas Nieto de la Universidad de Salamanca, especialista en temas de seguridad militar y terrorismo, hablando sobre el “Traslado de la culpa”, explicando aquellos casos donde en un fenómeno muy similar al síndrome de Estocolmo, la víctima confunde realmente quién es su victimario y termina culpando al Estado. 

El suceso que está protagonizando Ingrid Betancourt al demandar al Estado colombiano por más de 15.000 millones, debido al secuestro efectuado por las FARC, es un ejemplo claro y tal vez uno de los más graves, en cuanto el traslado de la culpa. 

No es la primera vez que se escucha el argumento, según el cual, el Estado es el culpable, porque tiene la obligación de proteger a sus asociados, según el contrato social, expresado en la Constitución. Es cierto que la principal función del Estado es defender la vida y la libertad como derechos fundamentales, es cierto, que para conseguirlo tiene que contar con el monopolio legítimo del uso de la fuerza. Pero también es cierto que a lo imposible nadie está obligado, que aparecen actores que complican la situación, que el Estado nunca renunció a sus funciones, que no fue negligencia el secuestro de Ingrid Betancourt, y que ella como candidata presidencial en su momento era absolutamente consciente de la compleja situación que vivía el país, la opinión pública conoció que insistentemente se le advirtieron los riesgos de visitar el Caguán y que ella, bajo su responsabilidad quiso hacerlo, lo que desencadenó un secuestro que toda la sociedad repudia y lamenta. 

La fuerza pública del Estado colombiano se ha fortalecido desde entonces, y cuando tuvo la capacidad de hacerlo, se aventuró a ejecutar una operación que aún hoy es admirada y calificada de cinematográfica. ¿Que si había posibilidades de rescatarla antes, de evitarle sufrimientos?, creo que no. No porque no se quisiera, sino porque las condiciones no estaban dadas. Para las FARC ella representaba “la joya de la corona”, negociar en ese momento significaba que el país tenía que cambiar su libertad por la de ella; intentar un rescate militar antes, como seguramente se pensó, era altamente riesgoso, y solamente fue posible lograrlo con la operación Jaque. 

Ingrid Betancourt es política, no solamente fue senadora de la República, sino que también fue candidata a la presidencia, por lo que sorprende aun más su reacción, porque que algo así lo diga otra víctima, puede ser posible que vea al Estado como una entidad alejada, que tiene el dinero suficiente para cubrirle las necesidades personales a todo el mundo. Pero que lo diga alguien, que social y económicamente está bien, que tiene una alta educación y que además pretendía dirigir los designios de la patria, sí crea un mal sabor, especialmente porque habría que recordarle lo que pensamos que tenía claro: que finalmente quienes financian el Estado son los colombianos, el pueblo, aquel que se ha visto aporreado por el mismo terrorismo que la secuestró. 

¿Cuántas personas arriesgaron su vida para rescatarla?, ¿cuántas víctimas del terrorismo hay en Colombia?, y si vamos a ponerlo en términos económicos ¿Cuánto costó la operación jaque?, ¿cuánto le pagan a los soldados?, ¿Cuánto es la indemnización de una víctima común y corriente?, ¿la solución es que todos cobremos y quebremos al Estado, o acaso no tenemos que mirar a nuestro desangrado país de otra forma, y entre todos sacarlo adelante? 

El abogado de Íngrid Betancourt ha explicado al pueblo colombiano que no se ha demandado a nadie, que lo que se busca es "una conciliación", como “una manera de ayudar a reflexionar sobre los mecanismos de protección que brinda el Estado colombiano a sus ciudadanos víctimas del terrorismo". Obviamente esta explicación, no deja de ser más que un eufemismo, que trata de minimizar el costo político de esta noticia, toda vez que la conciliación que se está buscando es el paso procedimental previo a la demanda. 

¿Dicen que se está buscando que el pueblo reflexione?, pues parece que la reflexión no se ha hecho esperar y lo que en principio podía ser un fuerte golpe a la moral de la tropa, se ha convertido en un pretexto para que la fuerza pública y el Estado reciban la legitimación por parte del pueblo colombiano, que con profundo desconcierto recibe este mal gesto de Íngrid Betancourt, y que en consonancia parece unir todas las fuerzas políticas respaldando al Estado, ambiente político que va muy bien con la celebración del bicentenario, toda vez que el sentirnos dolidos, tocados, nos hace madurar como nación y propender por defender las instituciones.

Beatriz Campillo es Politóloga, miembro del Centro Colombiano de Bioética (CECOLBE), autora del Blog "Ciencias Políticas, Bioética y Bioderecho".