29 Octubre 2010
Álvaro Ramírez González
El país tiene una deuda gigantesca con los campesinos que fueron sacados de sus tierras por la violencia de la guerrilla, de los paramilitares y del narcotráfico. Al mismo tiempo el gobierno, a través de instituciones como el Incoder y la Dirección Nacional de Estupefacientes, tiene más de 350 mil hectáreas que les han incautado a estos personajes y cuyo dominio o está extinguido o se encuentra en proceso de extinción.
Lo primero que uno ve, como observador lego, es que este proceso de extinción es muy lento, pues desde el momento en que una propiedad de estas es incautada por el gobierno a través de un depositario, hasta que esa propiedad es extinguida, o sea que la titularidad del inmueble queda registrada a nombre del gobierno nacional y desaparece jurídicamente el antiguo propietario y con él todos sus derechos y reclamaciones, transcurren entre 5 y 10 años.
En ese lapso, el denominador común, con muy pocas excepciones, es que esos inmuebles, llámense fincas, lotes, empresas, viviendas, bodegas, restaurantes, colegios, estaciones de servicio, en fin, se deterioran a un nivel casi irrecuperable.
No aparecen aún formulas que concilien los intereses del Estado, para que la propiedad se mantenga y produzca; del depositario, para el mismo fin; y de algún arrendatario o usuario final que reciba la propiedad, la trabaje, la mantenga y produzca dinero para los tres. Esa es, de una manera muy resumida, la razón fundamental por la que esos bienes en manos del Estado se deterioran y se vuelven ruina.
El Ministro Juan Camilo y el Presidente Santos tienen las buenas intenciones de entregarles esas 350 mil hectáreas disponibles, hoy en manos del Estado, a más de 100 mil campesinos, hoy desplazados y desarraigados de sus tierras. La pregunta del millón de dólares es ¿Cómo va a hacer el gobierno para que esta entrega masiva de tierras, que carecen de estructura productiva, no se convierta en un verdadero proceso de tugurización del campo?
Les voy a narrar un caso concreto que explicará muy bien a mis lectores este fenómeno. Debo advertir que de estos casos conozco ya muchos.
En la vía entre Puerto López y Puerto Gaitán, Departamento del Meta, existen 4 fincas que le incautaron al fallecido narcotraficante Leonidas Vargas. Se trata de una inmensa extensión de tierra que se acerca a las 27 mil hectáreas. Era una hermosa unidad productiva, un hato de cría, levante y ceba de ganado, admirado por todos los transeúntes, porque tenía más de 20 kilómetros sobre esta vía pavimentada.
Luego de incautadas estas 4 fincas, que tenían los nombres de las hijas del capo, a saber, Sandrita, Mayerly, Maglody y Marleny, se inició un proceso de adjudicaciones e invasiones de estas tierras. El paisaje hoy es aterrador, no porque las viviendas de la gente pobre me parezcan feas, sino por el grado de abandono y por el mugrero en que se convirtieron esos predios.
Era natural, una familia pobre construye una casa de madera y techo de palma en esa zona, siembra algunas matas de yuca y plátano, y no tiene nada más para hacer. Esas casas no tienen servicios públicos, se han diseminado de manera desordenada por todos los predios, y los habitantes no encuentran allí nada productivo para hacer.
Lo peor de todo, según me cuenta el alcalde de Puerto Gaitán, es que de esos invasores o adjudicatarios ya han sido asesinados casi 30 jefes de hogar, por razones que tienen que ver con la delincuencia y el abigeato de ganado, que por una “tradición del llano” se castiga con la muerte, porque la justicia del Estado, en estos casos, tampoco funciona.
Obviamente se deterioró el clima de paz y tranquilidad que reinaba en ese sector y han crecido, de manera geométrica, los robos, los atracos, y las extorsiones, que por supuesto degeneran en hechos de violencia. En consecuencia, la adjudicación masiva de tierras que se plantea, no puede ser una solución buena ni para el Estado, ni para los beneficiarios, ni mucho menos para la región, pues estos asentamientos rompen el equilibrio y la tranquilidad de las zonas rurales.
Esos encorbatados economistas y abogados de la capital, ni entienden este proceso, ni están dispuestos a reventarse el coco para corregir estas anomalías, porque a ellos no los afecta. Se dan por muy bien servidos al entregar unas tierras, unas escrituras, recibir unos aplausos y volver a la capital.
Solamente empresas productivas dirigidas y coordinadas por empresarios, reconocidos y experimentados, podrán darle verdadera productividad a esas tierras.
Tendrán que aparecer proyectos, cooperativos o asociativos, que tengan una estructura empresarial seria para que este proceso de entrega de tierras no se convierta en un verdadero despelote, generándole a los próximos gobiernos unos problemas sociales de tamaño tal, que serán imposibles de resolver o financiar.
Álvaro Ramírez González es empresario risaraldense y columnista del Diario del Otún. Fue alcalde de la ciudad de Pereira.
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